El coronavirus erosiona al régimen chino y al presidente Xi Jinping.

Arrecian las críticas y demandas de libertad de expresión por la indignación tras la muerte del médico que avisó de la epidemia y fue silenciado.

Que su muerte no sea en vano. Con este grito de guerra, la rabia por el fallecimiento del doctor Li Wenliang, el primero que alertó del coronavirus y fue silenciado por la Policía, se extiende por China tan rápido como la epidemia. Desbordando la censura que impera en internet con cientos de millones de comentarios, la indignación ha estallado en las redes sociales por la tremenda injusticia de este caso.

Tras avisar en diciembre en un chat de amigos de que en Wuhan había una nueva neumonía parecida al SARS, este oftalmólogo de 34 años fue obligado a retractarse de sus «falsos comentarios» porque «dañaban seriamente el orden social». Para la historia quedará la carta, que hizo pública cuando las autoridades ya habían reconocido la enfermedad y él la había contraído al operar de un glaucoma a una paciente infectada.

Tras la peor epidemia en China desde el SARS, que lleva ya 811 muertos y dos de ellos extranjeros (una estadounidense y un japonés, ambos de 60 años), todo el mundo se pregunta por qué se calló al doctor Li en lugar de escucharlo. «El caso de Li Wenliang es un trágico recordatorio de cómo la preocupación de las autoridades chinas por mantener la «estabilidad» lleva a suprimir información vital sobre asuntos de interés público», denuncia el director regional de Aministía Internacional, Nicholas Bequelin.

Lo mismo hace el régimen con los disidentes y activistas, pero esta vez no es asunto político, medioambiental, económico o laboral. Es sanitario y afecta a algo que nos toca a todos: la vida. Además de destapar las carencias sanitarias de China, una superpotencia que se gasta una millonada en proyectos faraónicos que epatan al planeta pero descuida la salud de su pueblo, la epidemia ha roto el «contrato social» vigente en el país. A cambio de progreso económico y estabilidad, los chinos han entregado sus derechos y libertades políticas al autoritario régimen del Partido Comunista, que incluso se jacta de que una democracia al estilo occidental no funcionaría en la nación más poblada del planeta.

Día de la Libertad de Expresión

Frente al caos de las democracias, en horas bajas por sus populismos y crisis económicas, el despotismo ilustrado que «vende» la propaganda china se erige como un modelo eficaz y una alternativa de desarrollo para otros países emergentes. Hasta que surge un problema y entonces es mejor taparlo que arregarlo, como hizo también el régimen con el SARS en 2002 o la Unión Soviética con el accidente nuclear de Chernóbil en 1986.

Movilizándose no por motivos políticos, sino por su supervivencia, los chinos se están rebelando en las redes sociales para recordar al doctor Li y reclamar libertad de expresión y hasta democracia. En la madrugada del viernes, cuando murió tras varias horas agónicas de confirmaciones y desmentidos, internet explotó en críticas al régimen.

Recogiendo este malestar ciudadano y la pérdida de confianza en las autoridades, un grupo de catedráticos de la Universidad de Wuhan ha publicado una carta abierta instando al Gobierno a respetar la libertad de expresión, recogida en la Constitución. «Si las palabras del doctor Li no se hubieran tratado como rumores, si todo ciudadano pudiera ejercer su derecho a decir la verdad, no tendríamos esta catástrofe nacional con impacto internacional», reza el documento, ya censurado en internet. Además, pide a las autoridades que reconozcan su error y se disculpen con el doctor Li y los otros siete médicos que también fueron amonestados por alertar del coronavirus. Las quejas vienen de todas partes y, según el periódico «South China Morning Post», un profesor de Derecho de la Universidad de Pekín, Zhang Qianfan, incluso ha pedido que el 6 de febrero, fecha de la muerte del doctor Li, sea declarado el Día de la Libertad de Expresión.

«Una prueba de peso para el sistema de China»

Forzado por la indignación ciudadana, el régimen envió el viernes a Wuhan a un equipo de la Comisión Nacional de Supervisión, su poderosa agencia anticorrupción, para investigar el caso. Aunque es una señal para calmar el malestar y rodarán cabezas entre las autoridades locales, la censura sigue bloqueando los contenidos sensibles y la Policía arrestando a quienes difunden información sobre la epidemia.

Con el país paralizado y una admitida falta de medios para atender a los enfermos del coronavirus en su epicentro de Hubei, las quejas apuntan al presidente Xi Jinping, que ha endurecido la represión. El lunes, en una reunión de emergencia del Comité Permanente del Politburó, reconoció que la epidemia suponía «una prueba de peso para el sistema de China y su capacidad de gobierno». Aunque Xi ha acaparado todo el poder eliminando a sus rivales dentro del Partido, esta crisis le ha debilitado y sus planes para perpetuarse más allá de su segundo mandato pueden quedar en entredicho.

A pesar de la gravedad de la situación, nadie cree que en China vaya a estallar una revolución contra el Partido Comunista por el coronavirus. Pero tampoco pensaba nadie que la Unión Soviética iba a caer y lo hizo cinco años después de intentar ocultar Chernóbil.