La Justicia provincial dio curso ese viernes a una acción de amparo ambiental presentada el jueves a la mañana por cinco organizaciones ambientalistas y animalistas de Entre Ríos, junto con una medida cautelar que solicita que se derogue la polémica resolución de la Dirección de Recursos Naturales que dio vía libre a la caza de cinco especies autóctonas.
El vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, de Paraná, Andrés Manuel Marfil, resolvió dar curso al trámite del amparo ambiental presentado por el Centro para el Estudio y Defensas de las Aves Silvestres (Ceydas); Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal; Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos y la Asociación Civil para la Justicia Ambiental (AJAM).
Lo que se cuestiona es la resolución Nº 1099 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Entre Ríos que habilitó desde el 14 de mayo pasado y hasta el 15 de agosto la caza de seis especies de animales –cinco de ellas autóctonas– lo que provocó críticas y repudios de las organizaciones ambientalistas de la provincia.
Las especies habilitadas susceptibles de caza son liebre, perdiz chica, pato picazo, pato Sirirí Pampa y pato Sirirí Colorado, y pato capuchino.
La medida de amparo apunta a que se declarare nula la resolución Nº 1099 y se fundamenta en la falta de estudios adecuados de las poblaciones de las especies habilitadas y de la presión de caza, en la carencia de un registro de cazadores y en la incapacidad para fiscalizar por parte del Gobierno Provincial, entre otras falencias; como así también la importancia de la consideración de estas especies como sujetos de derechos.
Otro de los aspectos importantes que cuestionan las organizaciones es que cuatro de las especies que el Gobierno Provincial habilitó para la caza son aves migratorias, hecho que implica un “recurso compartido” entre varias provincias y países por lo que Entre Ríos no puede tomar una decisión unilateral sobre ellos.
El magistrado resolvió dar curso al amparo y tener a las organizaciones «por parte y con legitimación acreditada de modo suficiente». Además dispuso correr traslado de la demanda y librar el pertinente mandamiento contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para que en el plazo de siete días corridos informe sobre la exactitud de los hechos que motivan la demanda, dando en su caso las razones pertinentes.
Fuente: Uno
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