A proximadamente a las 13:15 de este jueves, la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos recibió un oficio caratulado “PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL MARCO DE LA CAJA DE JUBILACIONES S/PECULADO”.
La misiva que ingresó al organismo pasado el mediodía de hoy está firmada por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano y es una clara muestra de que el Ministerio Público Fiscal ha resuelto intervenir para investigar las presuntas irregularidades en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos reveladas por la edición de este jueves de la Revista Análisis.
El informe del director de la publicación, Daniel Enz, asegura que –en principio- se encontró un grupo de 80 jubilados ya fallecidos, a quienes la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos le seguía abonando los haberes, mes tras mes, durante 15 años. De esa primera lista, surge que significaban un egreso de 2,5 millones de pesos mensuales. La mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se busca determinar si hubo fallas en el sistema o fueron desvíos organizados sistemáticamente, para bolsillos de unos pocos. Enz agrega que “la situación habría sido clave para el pedido de renuncia a Daniel Elías”.
La historia arrancó a mediados de mayo de este año, a escasas semanas del inicio de la cuarentena por el avance del Covid19, pero se escondió bajo siete llaves porque se sabía que era una información sensible e impactante. En el IOSPER, detectaron que un lote importante de personas fallecidas seguía con el beneficio de la obra social. Cuando profundizaron al respecto, notaron que la situación era más grave de lo pensado: eran todos jubilados muertos, la mayoría de ellos con domicilio fuera de Entre Ríos, donde “alguien” cercano a cada una de las personas seguía percibiendo la remuneración pertinente, pese a estar bajo tierra.
Cuando en el IOSPER miraron un poco más profundo notaron que en el padrón aparecían por lo menos 80 casos, muchos de ellos desde 2013 (aunque algunos eran de diez años antes) y que representaba para la Caja de Jubilaciones algo así como 2,5 millones de pesos por mes, que iban para gente no determinada que percibían beneficios por alrededor de 40 mil pesos mensuales. “Son algo así como 30 millones de pesos anuales que llevaba ese mecanismo”, se indicó. El Registro Civil había informado en su momento al IOSPER que tales personas habían fallecido, pero en la Caja de Jubilaciones seguía figurando y por ende se exigía el aporte de la obra social.
Análisis se hace eco de versiones según las cuales el gobernador Gustavo Bordet habría “estallado de bronca” cuando le llegó la documentación y le comentó al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que había que disponer urgente una investigación y que desde el organismo de Andrés Pazos y Corrientes había que dar una respuesta. También fue notificado de la situación el ministro de Economía, Hugo Ballay.
El informe, firmado por Daniel Enz, le adjudica al expresidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, una “coqueta residencia de Paraná” y una “aún más preciada casa en Nordelta, en el Tigre”, aunque un hijo de Elías utilizó Instagram para aclarar que esta última propiedad sería “alquilada”, a la par que descalificó en duros términos al director de la Revista Análisis.
La edición impresa de la publicación contiene párrafos en los que alude a expedientes del Tribunal de Cuentas, fechados varios años atrás, en 2011 y 2014, en los que ya se había advertido que había pagos librados a beneficiarios fallecidos. Es más, revela que desde el organismo de contralor pidieron oficios a Elías, que no habrían sido respondidos.
Análisis asegura que el extitular de la Caja de Jubilaciones durante 16 años, ahora se desempeña como asesor del Diputado Nacional Marcelo Casaretto.
El oficio que ingresó a la Caja este jueves al mediodía implica que la Procuración ha resuelto abrir una investigación para determinar qué pasó, si efectivamente se abonó durante años a “fallecidos”, si hubo delito y, en caso de que así fuera, quién o quiénes serían los responsables.
Como dato de contexto, la Caja de Jubilaciones es el principal talón de Aquiles financiero de Entre Ríos, en razón de su multimillonario déficit, al punto que la resistida Ley de Emergencia Solidaria elevó aportes a jubilados que perciben más de 75.000 pesos, con el propósito de achicar el rojo.
Fuente: El Entre Ríos – Revista Análisis
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