
En una operación conjunta entre Gendarmería Nacional, Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y el Comité para la lucha contra la trata de personas, se llevaron a cabo 38 allanamientos simultáneos en las sedes de REMAR en seis provincias argentinas, incluida Entre Ríos.La organización REMAR, dedicada a la recuperación de marginados, fue objeto de una larga investigación por parte del fiscal Federal Cristian Rachid y los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de PROTEX.
La ONG es muy conocida, inclusive en Concordia, por la venta callejera de distintos objetos que realizan sus internos, incluso con la identificación de REMAR.
Durante los allanamientos se encontraron indicios de explotación laboral y se rescataron a medio centenar de personas de situaciones en las que se verificaron serios indicios de reducción a la servidumbre. Las personas acogidas en las sedes de REMAR eran sometidas a extenuantes jornadas de trabajo sin remuneración en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado, entre otras.
Además de la explotación laboral, se encontraron indicios indicadores de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, etc. En varios casos se pudo saber que a las personas se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados. Las personas eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde muchas veces trabajaban.
Las actividades económicas principales de la organización están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción y tareas domésticas. En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos y en algunos casos menores de edad trasladados sin autorización de sus padres.
Las personas entrevistadas manifestaron realizar tareas para la organización sin paga alguna y en varios casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas. En la mayoría de los casos manifestaron cumplir largas jornadas laborales. En algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social –Ley 25.855-. Un “voluntariado” sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.
En todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron no recibir atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización, pero sí que se estaban rehabilitando de alguna adicción. Durante los procedimientos, varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado.
En virtud de todo lo descubierto durante el allanamiento, el juez federal Juan Esteban Maqueda dispuso la intervención de las sedes allanadas, designando a veedores de los gobiernos provinciales respectivos y con el acompañamiento de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación. Las víctimas que deseaban retirarse quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Siete ciudadanos imputados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados. El magistrado interviniente señaló que las instalaciones no eran precarias o con hacinamiento y que era necesario contener y garantizar la efectiva rehabilitación y posterior reinserción social de los pacientes. Por sugerencia del Comité y pedido expreso del fiscal federal y PROTEX, se dispuso la intervención de las sedes allanadas con veedores de los gobiernos provinciales respectivos y con el acompañamiento de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.
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