Las consultas ambulatorias (consultorios particulares, sanatorios y clínicas) están suspendidas, según pudo averiguar El Entre Ríos y lo mismo pasa con la atención de kinesiólogos, que está suspendida desde principio de junio (pagaron diciembre, la semana pasada).
Esas interrupciones afectan a los afiliados que el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) tiene en Entre Ríos (personal activo y pasivo del Ejército, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina).
Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina. Incluye, también, al personal de dos fuerzas de seguridad: Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina.
Con 585.000 afiliados, la obra social de los militares es la segunda obra social del Estado nacional después de PAMI por sus dimensiones, y la tercera si se cuenta el IOMA bonaerense. Así lo detalló Mariano De Vedia en una publicación de mayo último, para diario “La Nación”.
El IOSFA fue creado por el decreto 637, de 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, para unificar los servicios médicos y sociales que cada fuerza militar mantenía por separado. Maneja un presupuesto de $20.000 millones anuales, conformado por aportes y contribuciones.
Actualmente, y a pesar de que en los últimos cinco meses se pudieron equilibrar los gastos administrativos y en prestaciones de salud con los ingresos, la obra social de los militares mantiene una deuda acumulada de $4795 millones.
Así lo reveló el presidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), Darío Díaz Pérez, quien atribuyó el alto pasivo a «desaciertos» del gobierno anterior, al tiempo que garantiza que el fantasma de la quiebra quedó atrás.
La polémica por la abultada deuda, a la que se sumó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, provocó la reacción de su antecesor Oscar Aguad, quien negó responsabilidades de su gestión como ministro de “Juntos por el Cambio” y advirtió que la obra social «es administrada por las Fuerzas Armadas».
«Al asumir encontramos una obra social quebrada y desfinanciada. Estamos trabajando para revertirlo, pero no es fácil», resumió el actual titular Díaz Pérez, exintendente de Lanús. Lo dijo en sintonía con un comunicado que aún aparece entre los contenidos destacados de la página web de IOSFA.
«Habían reducido prestaciones, fijaron topes de consultas en salud mental, odontología y kinesiología, y privilegiaron a los prestadores privados más caros por encima de los hospitales de las Fuerzas Armadas, lo que aumentó los costos e incrementó la deuda», enumeró, al trazar un inventario de la herencia.
«Achicamos un 35% la planta de nivel gerencial, lo que produce un ahorro de $38 millones, adecuamos algunas prestaciones y trabajamos en el fortalecimiento de los hospitales militares de todo el país, además de avanzar en un esquema de mayores controles a través de auditorías, según las disposiciones de la Sigen», explicó Díaz Pérez, consciente de que las cuentas aún no cierran.
El propio Rossi fustigó a la conducción de Iosfa durante la gestión de Juntos por el Cambio, que producía un déficit mensual de $400 millones. «Lo que se hizo fue un estropicio, una administración absolutamente irresponsable de los fondos del personal militar», dijo, en declaraciones radiales.
Aguad admitió que al concluir su gestión existía una deuda en el Iosfa cercana a $2000 millones, pero afirmó que la obra social «es administrada por las Fuerzas Armadas».
«Hay un directorio de diez miembros, de los cuales ocho son militares, gendarmes y prefectos. Lo único que hace el Ministerio de Defensa es designar al presidente», dijo Aguad.
Atribuyó la acumulación del déficit a la política salarial de Rossi en su anterior gestión, entre 2013 y 2015, cuando el 47% de los sueldos militares se pagaba en negro, lo que reducía los aportes a la obra social. «Nosotros bajamos la parte en negro al 25%, pero si los militares hubieran aportado con un sueldo 100% en blanco, como corresponde, la obra social estaría saneada», aventuró.
«Es falso, además, que se hayan privilegiado los contratos con prestadores privados. El único que se incorporó fue el sanatorio Güemes, para casos de alta complejidad», agregó el exministro de Mauricio Macri.
La unificación de las tres obras sociales que históricamente manejaban por separado el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea generó una creciente tensión entre las autoridades civiles (el Ministerio de Defensa) y las fuerzas militares.
En los últimos meses crecieron las quejas por interrupciones en los servicios. Los reclamos muestran sintonía con la denuncia penal presentada en 2018 por la Unión del Personal Militar Asociación Civil (Upmac), que pidió investigar irregularidades, a la que se sumó otra del coronel retirado Gabriel Juez.
«Estamos a disposición de lo que disponga la Justicia», dijo, al respecto, Díaz Pérez. En una circular difundida a los afiliados, el presidente del Iosfa resumió que la situación económica del instituto sigue siendo crítica por la acumulación de deuda de años anteriores. «Para solucionar este escenario complejo, se abrieron distintas negociaciones con prestadores privados y laboratorios con el fin de ir disminuyendo los cortes en los servicios», anticipó.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, presentó este lunes 8 de junio ante los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados las acciones de las Fuerzas Armadas en la pandemia. El diputado radical Carlos Fernández, presidente de la Comisión, ofició de anfitrión en la videoconferencia que se extendió por casi dos horas.
Rossi criticó la situación hospitalaria que recibió de la administración Macri e informó la readecuación financiera que se hizo del IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que es la entidad dentro de la que están los hospitales militares para la atención de la población de personal en actividad y los retirados.
Punta Alta, en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos, se ha convertido en uno de los lugares donde más visibilidad tomó el corte de la obra social. Este martes 9 de junio, acompañantes terapéuticos puntaltenses reclamaron frente a IOSFA, tras reunirse en plaza “General Belgrano”.
En autos marcharon hasta la delegación de IOSFA reclamando soluciones a diferentes problemáticas que los aqueja. María Luz Rodriguez manifestó, según el sitio Telefé Bahía Blanca, que “la situación de confinamiento actual ha dejado al descubierto una gran incertidumbre ¿Quién nos respalda a nosotros? Estamos inmersos en un mar burocrático de papeles, decretos, aprobaciones y tiempos que se agotan pero nuestra realidad apremia una solución inmediata”.
Continuó: “Exigimos la regularización de nuestros pagos, la normalización de la clasificación de nuestra figura en el nomenclador de las obras sociales y también la urgencia de una pronta promulgación de nuestra ley de profesionalización”.
Fuente: El Entre Ríos – La Nación.
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