Las cifras de los privilegiados se estiman altísimas, también sus haberes mensuales; en el organismo previsional sostienen que justifican en gran proporción los 3000 millones de déficit, sin embargo, para el Gobierno son intocables y secretas; se animará el titular de la Caja a dar los nombres?
El tema del déficit de la Caja de Jubilaciones y cómo combatirlo ha sido motivo de debate d etodas las administraciones provinciales, aunque en el último tiempo con mayor frecuencia.
No es para menos, en la actual gestión provincial las cifras del desbarajuste trepó a los 3000 millones de pesos.
Entre las razones del deplorabe diagnóstico, se argumentan las medidas en materia impositiva tomadas por el gobierno de Mauricio Macri que impactaron de lleno en los números del organismo de los pasivos. Tanto del IVA como de ganancias se extrae una porción que se destina a la seguridad social, de esta fracción, un 10% van a las provincias con Cajas.
Aunque la razón más importante en la Provincia, según ha manifestado el Gobierno Provincial, es otra: un sostenido crecimiento de la población de beneficiarios.
“Vamos a terminar 2019 con un 4,2% más de beneficios que el año anterior. Es muchísimo teniendo en cuenta que la población de aportartes tiende a crecer muy lentamente, y que estimamos que crezca este año entre el 0,4 y 0,6%, contra 4,5% de beneficiarios”, fueron las estimaciones del titular del organismo previsional, Daniel Elías, para el termino del 2019
En palabras más entendibles, para el funcionario lo que tienen que pagar (jubilaciones y pensiones) crece a mayor velocidad que lo que ingresa (aportes).
Macri, IVA, incumplimiento del pago de anticipos que realiza la Anses, vienen siendo las justificaciones del oficialismo provincial para el desbarajuste cen el organismo previsional.
Todas ellas ciertas, aunque no exclusivas; la mala administración de las arcas de la Caja y el otorgamiento a mansalva de beneficios previsionales de privilegio, sostienen los entendidos, constituye una de las principales causas del déficit.
Funcionarios, legisladores y afines que, con pocos años de aportes en dicha función, acceden a la pasividad computándose exclusivamente dichas contribuciones.
En otras palabras, con la mayoría de los aportes en una categoría considerablemente inferior durante su actividad laboral, adquieren el beneficio previsional por la categoría más alta.
Esto para el caso no común de que obtengan la jubilación con los aportes requeridos, porque también existen funcionarios, legisladores y afines que, sin llegar ni a la edad ni a los años de aportes, encuentran la veta para obtener el beneficio por las denominadas “jubilaciones por incapacidad”.
Autoridades provinciales que bajo la excusa de alguna inhabilidad, insuficiencia, padecimiento, enfermedad o trastorno inician los trámites en la Caja y al poco tiempo, se jubilan.
Aunque en la vida diaria, se manejan como si no sufrieron ninguna afección que los incapacite laboralmente, llamativamente pasan por la junta médica, y obtienen la tan ansiada pasividad.
Las estimaciones en el organismo previsional son de cifras altísimas en cuanto al número de estos privilegiados, como también del haber previsional que obtienen.
Números no oficiales por supuesto. Ni el Gobierno ni Elías, a pesar de contar con los mismos y de reconocer internamente que contribuyen considerablemente al déficit actual de la Caja, lo oficializarían, aunque, puertas adentro del organismo es muy comentado.
Lógicamente, de publicitarse las cifras, los nombres de los privilegiados incapacitados que increíblemente obtuvieron el visto bueno de una junta médica y los montos de sus haberes, sería un verdadero escándalo.
En la ley, se establece que tienen derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuera la edad y antigüedad en el servicio, los afiliados que se incapaciten física o intelectualmente en forma total para el desempeño de toda actividad laboral siempre que la incapacidad se hubiere producido durante la relación de trabajo.
La invalidez que produzca en la capacidad laborativa una disminución del 66 % o más será considerada total.
Pero, ¿Quién determina la existencia de la incapacidad? Así, el debate de integración de la junta médica parece obligado, más aun teniendo en cuenta las cifras mencionadas.En vez de atacar los derechos de los trabajadores y trabajadoras estatales y de las mujeres, suspendiéndose las jubilaciones por el plazo de un año y elevándose la edad para obtener el beneficio, el oficialismo debería poner el foco de atención en esta etapa del trámite.
El funcionario presenta su trámite ante la Caja adjuntando la documentación pertinente entre las cuales se encuentra el F-2003, la histórica clínica básica, el cual completa su médico de cabecera, ergo, de confianza.
Con posterioridad una junta médica “evalúa” que los padecimientos para tenerlo por incapacitado sean reales, pero en definitiva quien otorga o no el beneficio es el presidente de la Caja.
¿Qué pasaría si se formara una Junta Médica con actores sociales que no tuvieran ningún tipo de acercamiento o confianza con quienes han accedido al beneficio para que revise las incapacidades que abona la caja?
Legisladores, funcionarios policiales, con cuatro u ocho años de funciones, acceden a jubilaciones por incapacidad, luego de pasar por estas evaluaciones. Nos llevaríamos muchas sorpresas si el presidente del organismo diera a a conocer el listado de beneficiarios. ¿Se animará?
Insistimos, la forma de vida que llevan los ex funcionarios beneficiados con este tipo de jubilación, da para para pensar que la objetividad no está presente muchas veces en dicha junta y que no ha primado el criterio médico.
FUENTE: EL PORTAL DE RICARDO DAVID
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